A fines de 2023, el Comité de Contratistas Generales de la Cámara Chilena de Construcción (CChC) elaboró una nueva versión del “Estudio sobre Relaciones Contractuales en Empresas Socias”. Conocido también como el Estudio de la Conflictividad en la Construcción, su principal objetivo es “definir el nivel de divergencias existente en los contratos realizados entre empresas de la CChC y sus respectivos mandantes”.
Prácticamente, todas las variables de conflictividad correspondientes al año 2023 muestran una mejora con respecto al año anterior.
En 2022, un 57% evaluaba la relación Mandante-Contratista en el rango de notas de 1 a 4 (evaluación deficiente); en 2023 esta evaluación negativa bajó a un 25%, mientras que la positiva en el rango 6 a 7 subió de 26% a 43%.
Dentro de estos mismos parámetros, la existencia de un espacio de conversación periódica fue evaluada con las notas 6 y 7 en 57% de los casos, en comparación con un 45% en el año 2022. El nivel de disposición a solucionar problemas sube la evaluación positiva a 46%, mientras que en el año 2022 fue 31%. La apertura para buscar acuerdos obtiene las notas 6 y 7 en 45% en el año 2023, en comparación a un 32% en el año 2022. La capacidad de trabajar conjuntamente para solucionar divergencias recibe notas 6 y 7 en 42%, frente a un 29% en 2022, y la flexibilidad ante situaciones extraordinarias incrementa su evaluación favorable a 42% frente a 33% en 2022.
Mejora también la percepción de las empresas socias acerca de la distribución de responsabilidades. Las notas negativas de 1 a 4 bajan de 65% del año 2022 a 42% en el año 2023. A su vez, las notas 6 y 7 suben de 7% en 2022 a 32% en 2023.
Las divergencias en general bajan las notas negativas (1 a 4) a 30% en el año 2023, frente a 55% en el año 2022. Las notas positivas (6 y 7) suben a 38% de 24% en 2022. En el año 2022, 82% de los encuestados informaron haber tenido divergencias, mientras que en el año 2023 lo hicieron 72%. Aunque este porcentaje sigue siendo alto, se aprecia una baja de 10%.
El principal problema que reportaron las empresas contratistas se relaciona con los pagos: un 30% le asignó el primer lugar. Por su parte, problemas con el diseño ocupan el primer lugar para un 22% de los encuestados, mientras que conflictos con los plazos acordados y con “ajustes necesarios” son designados como el problema principal, ambos, en un 20%.
La evaluación general de los aspectos de la conflictividad alcanza la nota promedio de 5,1 en el año 2023, frente a 4,5 en el año 2022.
Puede parecer contraintuitivo que, en un ambiente de depresión generalizada de la industria de la construcción, exista una mejora respecto de la conflictividad en el rubro, así como una actitud más colaborativa de sus actores. Ello podría ser resultado de las mayores exigencias a las que se han visto expuestos los proyectos a causa del Covid-19 y del incremento de los precios de los insumos. En condiciones de mayor estrés que afecta los proyectos, una asignación razonable de los riesgos y soluciones que permitan superar las contingencias resultan más eficientes y convenientes para ambas partes.
Al mismo tiempo es importante entender que cuando un contratista presenta solicitudes de cambios, propuestas de variaciones e incluso reclamaciones, dicha presentación por sí sola no constituye una controversia. Considerando la naturaleza intrínsecamente variable de los proyectos de construcción —en función del suelo, de los ajustes del diseño, de los impactos del clima, entre otros—, el contratista, a través de estas herramientas, hace valer sus derechos en conformidad con el contrato. Únicamente si sus pretensiones no son satisfechas, puede entenderse que existiría una controversia. Por lo anterior, recae en los contratistas formular sus pretensiones de manera coherente con el contrato y con respaldos adecuados, como también recae en el mandante atender estas pretensiones oportunamente y con seriedad.
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