Por: Alex Wagemann, socio fundador de WAGEMANN Arbitration.
Publicada en la Revista Industria Legal, Volumen 7, Septiembre 2021.
Para nadie es una sorpresa que la pandemia ha producido impacto en las finanzas de los Estados, obligándolos a tomar medidas. Entre ellas, destaca el aceleramiento en las carteras de gestión de proyectos de infraestructura a niveles pocas veces vistos. La razón es simple: la construcción es un sector que requiere un uso intensivo de mano de obra, elemento esencial para reactivar los índices de empleo en los países y, por lo tanto, sus economías.
El desarrollo de las obras en condiciones de pandemia ha requerido de un nuevo trato entre Estado y contratistas. Lo anterior se ha traducido en la calificación de la construcción como actividad estratégica. No obstante, hay temas pendientes, como es el caso de las responsabilidades por fuerza mayor y la necesidad de renegociar los contratos frente a un nuevo escenario, con menores niveles de rendimiento, producto del trabajo en condiciones sanitarias más exigentes.
En ese sentido, cobra importancia el acercamiento a enfoques de relacionamiento colaborativo. Al respecto, resulta útil revisar el informe de Mckinsey & Co de enero de 2020 (Collaborative contracting: Moving from pilot to scale-up), que analiza las ventajas y ahorros presupuestarios (de hasta un 20%) aplicando este tipo de contratos.
El mismo informe describe grados de colaboración, que parten desde la inclusión de herramientas colaborativas hasta el multiparty contract. Entre dichas herramientas, destacan dos que ya están en implementación en Chile: el uso de BIM (Building Information Modelling) y la introducción de Dispute Boards (DB) en nuestro marco normativo.
En lo relativo al BIM, ya existe desde 2020 una regulación obligatoria para los proyectos del sector público, impulsada por Planbim-CORFO. Por su parte, el proyecto de incorporación de DB al Reglamento de Contratación de Obra Pública (DS 75) –tras dos años de trabajo efectuado por un Comité de Expertos en el cual tuve el honor de participar–, se encuentra en revisión por Contraloría hace algunos meses. Por último, destaca el acuerdo reciente entre CAM Santiago, CCHC, Dispute Resolution Board Foundation y BHP para la introducción de pilotos de DB en sus contratos de construcción con la empresa constructora ICSK.
Como se observa, la pandemia no ha introducido estas herramientas colaborativas, pero sí ha confirmado su necesidad de aplicación. Bajo esta perspectiva, estamos viendo señales correctas si queremos aportar como sector a una pronta recuperación de la economía, con un manejo presupuestario inteligente y mejorando los niveles de confianza entre los actores de la industria.
Versión PDF: Industria Legal, CL, Vol.. 7, Sep. 2021
Versión online: Señales correctas
